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El Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad es una fundación creada en 2008 para colaborar, desde la sociedad civil, en la profundización de la democracia con especial énfasis en la justicia y la seguridad pública.

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El Director Ejecutivo Dr. Ramón Eduardo RUIZ PESCE afirmó que si el gobierno de Tucumán hubiera aceptado la propuesta que la Fundación hizo hace ocho años, hoy no estarían en la Corte Daniel Leiva ni Eleonora Rodríguez Campos, ni su tío “Pirincho” Jiménez sería Ministro Fiscal, ni Navarro Dávila, Ministro de la Defensa.

Fiel a su finalidad de trabajar para la consolidación del sistema democrático y el fortalecimiento de sus instituciones, el 4 de junio de 2012 la Fundación presentó en Mesa de Entradas del Poder Ejecutivo un proyecto de “procedimiento de participación ciudadana” en la designación de jueces de la Corte.

La iniciativa apuntaba a otorgar mayor transparencia, acierto y razonabilidad a decisiones de gran trascendencia institucional y social introduciendo reformas en el área de Gobierno y Justicia dominada por Edmundo “Pirincho” Jiménez, que registraba “un notable retraso en su calidad institucional en comparación con otros modelos de gestión”.

Al igual que el ex presidente Kirchner limitó la facultad presidencial de designar nuevos jueces de la Corte Suprema de la Nación mediante el Decreto 222/03, propusimos un mecanismo de consulta con organizaciones no gubernamentales ante cada vacante.

El proyecto permitía “a los ciudadanos, en forma individual o colectiva, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, emitir sus opiniones haciendo conocer sus razones, puntos de vista y las objeciones que pudieran tener respecto del candidato propuesto”.

La finalidad era “otorgar transparencia y facilitar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA y la vacante del cargo de MINISTRO FISCAL en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función.

Se quería asegurar que la composición de la Corte reflejara la diversidad de ideas, de género y especialidades jurídicas, obligando a los candidatos a presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, de su cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de sus hijos menores, las vinculaciones con asociaciones civiles y sociedades comerciales, estudios de abogados, clientes o contratistas de los últimos 10 años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pudiera afectar su imparcialidad y permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.

Se permitía que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, pudieran efectuar en el plazo de 15 días de modo fundado y documentado, “las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos”. En el mismo lapso podría requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.

El candidato debía estar al día con las obligaciones impositivas y no ser deudor de deberes alimentarios.

También propuso un proyecto de decreto con autolimitaciones a la designación de jueces inferiores, obligando a fundamentar la decisión en caso de elegir al segundo o tercer integrante de la terna.

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