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Artículos

El verbo “democratizar” se ha convertido por estos días en un verdadero ejemplo de polisemia: para algunos democratizar la Justicia es “agilizarla”, para otros hacerla más “accesible”, “transparente”, “participativa”, “legítima”, etc....

Sobre la herencia del modelo continental europeo hemos construido un poder judicial altamente burocrático,  corporativo, endogámico, nepotista, estrechamente asociado (cuando no subordinado) al poder político y que se expresa en un lenguaje técnico generalmente incomprensible para los ciudadanos, el cual es traducido por un sector profesional de iniciados (los abogados).

Esta situación ha socavado una enorme brecha entre la Justicia y la sociedad. Desde el discurso político se justifica la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación mediante elección popular directa para “garantizar la efectiva participación de la comunidad en la toma de decisiones” y en “el establecimiento de mecanismos… que expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democráticas”.

A contrapelo de las declamadas intenciones, la iniciativa conduce a una nueva forma de intermediación política paternalista que desplaza a los titulares de la soberanía y de la voluntad popular y los aleja de la posibilidad de integrar directamente la administración de justicia.

La Constitución Nacional de 1853 ordenó el establecimiento del juicio por jurados en tres artículos: el 24, el 67, inc. 11 (75, inc. 12) y el 102 (118), que la reforma de 1994 ha mantenido en su redacción original. A partir de los ‘80 volvió a debatirse la necesidad de cumplir con el mandato constitucional largamente desoído y se presentaron varios proyectos de ley de juicio por jurados, incluso uno elaborado por la Senadora Fernández de Kirchner en 2006.

El jurado popular no debe ser visto solamente como una institución judicial. Por el contrario, hoy se perfila como la posibilidad más seria que tenemos para implementar una verdadera democratización de la justicia, porque el jurado –como afirmaba Toqueville- es una institución eminentemente republicana, “consecuencia tan directa y tan extrema del dogma de la soberanía del pueblo como el voto universal”.

Desde el lugar del ciudadano común, el jurado no sólo es la posibilidad de integrar responsablemente el lejano y temido Poder Judicial; también es una garantía para la defensa de sus propios derechos porque exige juicios orales, públicos, transparentes, controlables por la sociedad y por ello, no manipulables por fiscales y jueces corruptos.

Establecer el juicio por jurados implica la desaparición definitiva del expediente escrito, y con éste, de los justificativos de la morosidad judicial. Cuando los ciudadanos integran jurados populares participan directamente del gobierno judicial, sin intermediarios que buscan convertirse en los “intérpretes” de su soberana voluntad. 

 

Ver publicación en "La Gaceta"

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