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Artículos

Nuestra Fundación viene planteando hace años la necesidad de debatir la reforma integral del sistema de justicia penal hacia el modelo adversarial y ha instalado el tema en Tucumán llevando a cabo distintas actividades de difusión, convencidos de que todo cambio se debe legitimar mediante el consenso...

En abril de 2010 presentamos el Libro de Conclusiones del Primer Encuentro de la Red de Ex Alumnos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas sobre los avances de los procesos de reforma en provincias de Argentina. En octubre de ese año realizamos las Primeras Jornadas sobre Ministerio Público con expositores nacionales y extranjeros de primer nivel. En 2011 dimos conferencias en los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur y comenzamos a dictar el Taller de Litigación para alumnos de grado de abogacía de la UNSTA, totalmente gratis. También promovimos la firma de convenios de cooperación entre universidades locales y el Poder Judicial con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Todo ello sin recibir un centavo, ni apoyos del Estado. La Corte provincial ha firmado un contrato de asesoramiento con una ONG de Buenos Aires –por una importante suma de dinero- para implementar el mentado “plan piloto” en Concepción y Monteros.

Hay que dejar bien en claro que la necesidad de reorganizar el sistema de justicia penal no es sólo del Poder Judicial o de los abogados; es, principalmente, de los ciudadanos, de la sociedad que contempla azorada y atónita el fracaso de las investigaciones judiciales en casos graves, la falta de respuestas al cambiante fenómeno del delito y que acepta pasivamente la violación de sus garantías constitucionales sólo para purgar la ineficiencia del sistema.

La estrategia de la Corte ha fracasado por falta de visión política y por querer jugar en soledad su juego, eligiendo a sus interlocutores. No se puede llevar a cabo una reforma judicial sin dar a conocer públicamente sus ventajas, sin escuchar a los principales interesados y sin dar oportunidad de debatir los diferentes puntos de vista.

Esta falta de visión también afecta al Consejo Asesor de la Magistratura pues no ha sido capaz de introducir pautas de evaluación en los concursos del fuero penal referidas al sistema que se pretende implementar –con las consecuencias a la vista-, y a la Legislatura, que reaccionó frenando la iniciativa cuando notó que había perdido protagonismo y que no tenía discurso ni posición tomada sobre un tema que ignora por completo.

Con todo, las objeciones que se han hecho al Plan Piloto demuestran superficialidad y desconocimiento, tanto del sistema adversarial como del movimiento de reforma judicial a lo largo y ancho de América Latina y de nuestro país.

La organización del fuero penal hoy es altamente burocrática y costosa, los procesos demoran décadas, los fiscales carecen de liderazgo, investigan menos del veinte por ciento de los casos ingresados, carecen de objetivos comunes y nada aportan para mejorar la seguridad pública.

El trámite escrito les permite ser remolones y no rendir cuentas a nadie; la prisión preventiva se utiliza indiscriminadamente y se adopta de manera inconstitucional, violando el derecho humano a ser oído, sin que los jueces reaccionen ante situación tan grave.

El sistema adversarial propone una organización eficaz y ágil al utilizar criterios de oportunidad para descomprimir los tribunales, permitiendo aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales; cada parte desempeña su rol en forma transparente en audiencias públicas, a la vista de todos.

La finalidad principal de este sistema es dar respuestas a la gente que acude a la Justicia de una manera rápida y efectiva. Además, hoy se muestra como una forma eficaz de democratizar la Justicia, para acercarla a la gente y recuperar la credibilidad perdida.

Ver publicación en "La Gaceta"

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