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Artículos

La Constitución Nacional de 1853 –fiel, en éste como en otros aspectos al modelo norteamericano- ordenó el establecimiento del juicio por jurados en tres artículos: el 24, el 67, inc. 11 (75, inc. 12) y el 102 (118), que la reforma de 1994 ha mantenido en su redacción original...

En 1871 el Congreso encomendó a Florentino González y a Victorino de la Plaza que redactaran dos proyectos: uno de organización del jurado y otro de código de procedimientos en materia federal.

Ninguno de los dos progresó, a pesar de que ambos estaban inspirados en las legislaciones más modernas de la época. Por el contrario, en 1888 fue sancionado el código de procedimientos redactado por Manuel Obarrio, que seguía a la Compilación española de 1879, de claro corte inquisitivo y que en España ya había sido derogada y sustituida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal basada en el sistema de juicio oral y público.

Ésos hechos han marcado a fuego el desarrollo de nuestro sistema de justicia penal, que se ha caracterizado por ser escrito, predominantemente secreto y fuertemente inquisitivo.

A partir de la década del 80 del siglo pasado se ha vuelto a poner en escena el debate sobre la necesidad de cumplir con el mandato constitucional largamente desoído.

En el camino se presentaron varios proyectos de ley de juicio por jurados, incluso del Poder Ejecutivo (1998) y Córdoba se animó a organizar y poner en funcionamiento el sistema de jurado escabinado en 2005.

Más allá de los argumentos que -a favor y en contra de este instituto- se escuchan desde hace ciento cincuenta años, el jurado popular se perfila como la posibilidad más seria que tenemos los ciudadanos para democratizar la justicia.

El poder judicial es altamente burocrático y corporativo, se expresa en un lenguaje técnico incomprensible para el ciudadano común, dirigido a un sector de “iniciados” (los abogados) que lo conocen, dominan y traducen a los demás.

Desde el lugar del imputado, el jurado popular es una garantía para su defensa, porque exige que se respeten los principios básicos del proceso penal: publicidad, oralidad, igualdad de armas e inmediación.

Establecer el juicio por jurados implica la desaparición definitiva del expediente judicial.

Es ante el jurado popular donde se evidencian las ventajas de la litigación oral en un proceso netamente acusatorio y adversarial, en el que las partes deben probar, argumentar y contraargumentar.

Integrar los jurados populares con ciudadanos comunes ayudará a acercar al poder judicial a la sociedad y permitirá a aquéllos participar en condiciones igualitarias de la toma de decisiones con quienes ejercen el gobierno judicial. Y es la única –y mejor- forma de participación popular en la justicia.

Carlos Díaz Lannes

28 de abril de 2010

 

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