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El sistema judicial  muestra signos de agotamiento e incapacidad para enfrentar las nuevas complejidades sociales... 

Una gestión eficiente del proceso penal -basado en los principios de nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales- requiere organizar un sistema de juicio adversarial, sin demoras.

Son importantes los esfuerzos que se hacen con el objetivo de modernizar al Poder Judicial y hay avances en materia de informatización, despapelización y mejora de procesos, pero el rediseño de la organización del Poder Judicial no pasa sólo por mejorar la calidad del trabajo de los empleados judiciales y de los productos de las distintas oficinas que brindan servicios de apoyo, sino por la adopción de un paradigma de proceso penal que renueve las prácticas de desempeño de jueces, funcionarios y abogados litigantes.

El sistema de tramitación de juicios por medio de expedientes escritos -que tiene más de un siglo de probada ineficiencia y que posibilita la aparición de vicios y mañas de todos sus operadores- no puede ser mejorado por métodos de gestión de calidad.

La “metodología organizacional” que se presenta está destinada al fracaso porque no modifica los roles de los actores más importantes del sistema: jueces y fiscales. Tampoco se dirige a satisfacer las necesidades de los abogados litigantes.

Es estéril organizar la dirección y las responsabilidades de las unidades judiciales, la gestión de la documentación, de la comunicación y de sus recursos, o establecer procesos de medición, análisis y mejora continua de un sistema que requiere cada vez más recursos humanos y materiales.

Con la aplicación de herramientas y técnicas de gestión provenientes de las ciencias de la administración se consiguen mejoras momentáneas que luego fracasan porque los criterios de dirección de las empresas privadas son totalmente diferentes a los de la administración pública: las técnicas de gestión empresaria son fuertemente respaldadas por la posibilidad de desvinculación inmediata de un empelado incapaz o que no se adecua a ellas, lo que en el ámbito del personal judicial es imposible en lo inmediato.

El sistema escrito fagocita recursos constantemente. La designación de personal –en forma discrecional, como hizo la Corte de Justicia de Tucumán en 2010- sin que haya posibilidad de aumentar la capacidad de producir sentencias es malgastar recursos.

Esto se explica por una antigua ley de la economía, atribuida a Ricardo (1725); la ley de los rendimientos decrecientes afirma que agregar unidades de un factor de producción (personal) sin modificar los otros factores (por ejemplo, la tecnología) traerá mejoras parciales hasta el punto en que su actividad se vuelve negativa para la producción y para todo el sistema.

Esto ha ocurrido en Tucumán en los distintos fueros en los que se aumentó el personal, se instaló el doble horario de atención al público y después de seis meses de una mejora evidente (en la atención al público, no en la productividad de sentencias) el servicio volvió a decaer de una manera fácilmente perceptible para los abogados litigantes.

Asignar recursos a la base de la pirámide y dirigir los objetivos de gestión hacia las tareas y procesos de los empleados es un grave error, pues el sistema se atasca en el tramo del esquema “productivo” más importante: el dictado de las sentencias. En esto los jueces son irremplazables.

La única forma de agilizar los procesos es reconvertir la manera en que los jueces, fiscales y abogados defensores trabajan.

La metodología del expediente escrito sólo puede ser superada por la oralidad que no sólo se adecua mejor al mandato constitucional del juicio público, sino que obliga a los funcionarios del estado a asumir sus roles: acusar, defender y juzgar en audiencias orales y públicas.

En este sentido, las oficinas de gestión judicial deben estar organizadas al servicio de la realización de audiencias.

Esto, además, agrega un plus de democratización al Poder Judicial porque lo pone de cara a la sociedad, actuando públicamente y rindiendo cuentas del desempeño de sus funciones.

El sistema judicial penal debe orientarse hacia la desaparición del expediente, la desformalización de la investigación y la utilización de criterios de oportunidad que permitan descomprimir los tribunales y disponer de recursos para casos graves o que requieran investigaciones complejas.

El sistema acusatorio adversarial se muestra como la herramienta más eficaz para agilizar los procesos, establecer una gestión judicial organizada y democratizar a la justicia.

Tucumán, 20 de mayo de 2011.

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