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Artículos

El estado se muestra ausente a la hora de dar seguridad a los ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables.


Dos hechos políticamente incorrectos pusieron de nuevo a la seguridad pública en el centro del debate.

De un lado, los dichos de la senadora Rojkés de Alperovich sobre el asesinato de la niña Mercedes Figueroa. ("No podemos tener al Señor Estado a la par de una familia que está borracha")

Así, a boca de jarro, se expresa la visión reduccionista -compartida en general por la clase política local- según la cual el Estado (la policía) protege primero a quienes tienen poder, dejando a los demás ciudadanos librados a su suerte.

En este esquema de trabajo policial los pobres sólo son considerados clientes habituales del sistema penal -delincuentes o contraventores- pero no sujetos de protección.

Esta mirada simplista y tradicional traslada a la gente común la responsabilidad de gestionar su propia seguridad, exime de esta obligación al Estado y desdeña analizar la estrecha vinculación entre la inseguridad y la marginalidad, que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra provincia, habitantes de villas, asentamientos y barrios pobres (los "territorios de relegación" señalados por el sociólogo Loïc Waquant en "Parias urbanos").

Territorios relegados y olvidados por el Estado, en los que el desorientado y acéfalo Ministerio de Seguridad no ha articulado ni una sola iniciativa en los últimos seis años para evitar que la violencia y el delito sigan cobrándose víctimas a diario.

Lugares a los que no llegan las sofisticadas cámaras de vigilancia, ni la desarticulada y desmotivada Patrulla Urbana.

De otro lado, el proyecto de legisladores oficialistas para demoler el edificio de la ex Brigada por "ser un símbolo del horror" (en lugar de proponer su transformación en un sitio para honrar las víctimas del terrorismo de Estado y promover el respeto por la dignidad humana).

Incorrecto es malgastar tiempo y recursos del poder legislativo intentando demoler un edificio policial fuera de servicio, y dejar intacta la Ley Orgánica de la Policía -legado vivo de la dictadura- que mantiene una organización vertical fuertemente asociada al poder político; o la Ley de Personal Policial -parida bajo la ideología de la Revolución Argentina- en cuyos laberintos sumariales se puede dejar sin castigo a quienes torturan, degradan o vejan sexualmente a los detenidos, o a quienes usan el uniforme y la chapa para montar negocios mafiosos y vender drogas en las comisarías.

La política de derechos humanos del gobierno es un puro ejercicio de memoria, inútil para prevenir los desvíos de conducta que sus agentes policiales cometen en el presente. Los legisladores deberían abandonar sus devaneos demoledores y trabajar en lo que es de su competencia: definir una agenda de temas vinculados a la seguridad pública; conformar espacios para debatir el marco normativo institucional de una policía moderna, descentralizada, profesional y orientada al servicio de la comunidad; nuevos roles, organización y funciones del Ministerio Público; creación de la policía judicial y el diseño de una justicia penal ágil gestionada por medio de la oralidad que rinda cuentas de cara a la sociedad en audiencias públicas.

Carlos Díaz Lannes

Ver publicación en "La Gaceta"

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