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Artículos

Como si no tuviera ninguna responsabilidad en la tragedia, el Ministro Fiscal Luis de Mitri pide "reformas" en el procedimiento y sin reconocer su falta de compromiso con una gestión moderna a lo largo de su desempeño en el cargo.

Todo mal

Las tragedias suelen golpear a los espectadores y hacer que afloren cuestionamientos ante lo que parece inexplicable. Las organizaciones también pueden permitirse cuestionar, debatir y aprender de hechos dramáticos. Podemos preguntarnos sólo ¿qué pasó?, ¿por qué un funcionario judicial estaba mezclado en tareas operativas propias de la policía?, (sabemos que los ayudantes fiscales trabajan en terreno, incluso las mujeres son enviadas a lomo de caballo a zonas de monte, sin ninguna protección en caso de enfrentamientos o reacciones violentas de quienes deben ser detenidos o allanados), ¿por qué el oficial a cargo optó por negociar con el destinatario de la medida en lugar de aplicar el factor sorpresa?, ¿por qué decidieron entrar a la casa?, ¿por qué estaban sin suficiente protección?, ¿por qué se dejó intervenir activamente a una abogada?, etc. Con seguridad encontraremos diferentes respuestas y explicaciones.

También podemos hacer un análisis macro, el que nos lleva indefectiblemente a inquirir por las responsabilidades a nivel de conducción política. Profesionalizar la policía implica poner en marcha un largo proceso para incrementar la calidad de sus intervenciones y alcanzar niveles apreciables de estandarización y sometimiento a reglas de actuación.

Una policía profesional debe contar con una unidad especializada para llevar a cabo allanamientos (el grupo CERO no lo es), bajo una dirección que planifique la estrategia, coordine logística, servicios de apoyo y recursos humanos bajo estrictas normas operativas (protocolo). El oficial a cargo debe analizar la situación para decidir cursos de acción ante contextos de crisis, minimizando los riesgos para el personal.

Diez años son suficientes para entender que la improvisación se cobra vidas a diario, y que un Ministro de Seguridad debe ser capaz de conducir y gestionar la policía.

En el Ministerio Público Fiscal pasa lo mismo: nadie se preocupó por establecer reglas de procedimiento y verificar que se cumplan (principio básico de la gestión institucional). Las tradicionales funciones que tiene asignadas su máxima autoridad son sólo burocráticas y hoy apenas se advierte lejanamente la necesidad de un viraje drástico.

La reforma procesal penal que la Corte intentó poner en marcha exige la reconfiguración de esta organización bajo un liderazgo capaz de afrontar las nuevas complejidades del delito. El jefe de los fiscales se perfila hoy como un funcionario proactivo, que no rehúye sus responsabilidades, se pone al mando pero trabaja en equipo, define las políticas de persecución penal, desarrolla las capacidades de la institución, integra experiencias y rinde cuentas a los ciudadanos de su trabajo y de cómo gasta nuestro dinero.

La incuria, la desidia, la comodidad y la falta de capacidad son las verdaderas armas asesinas. Sería conveniente que ambos funcionarios aceptaran ser reemplazados.

También, que quienes se proponen ser sucesores no sólo demuestren que tienen el favor político, sino que acrediten anticipada y públicamente sus capacidades en relación al cargo, su comprensión del problema y sus planes de acción.

Carlos Díaz Lannes

Director. Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad

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