• pasantes1
  • pasantes2

  • pasantes3

  • pasantes4

  • pasantes5

btn-democracia2

btn-justicia

btn-seguridad

Artículos

La demanda de nulidad persigue que el Poder Judicial -en resguardo de la Constitución, de las leyes y del sistema democrático- ante la imposibilidad manifiesta de los actuales gobernantes, envíe una clara señal a la sociedad –y en particular a la institución policial- de que de ahora en adelante no se van a tolerar los embates y atropellos de ningún grupo que emplee las armas que les da el Estado para requerir aumentos de salarios o exija otras concesiones bajo presión en contextos sociales de desborde y caos, las que serán siempre NULAS Y SIN NINGÚN EFECTO.

 

Los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2013, en Tucumán y otras provincias argentinas la policía abandonó el servicio como medida de fuerza en reclamo de un aumento de sueldo a $12.000 y la reincorporación de policías cesanteados. El gobierno desconoció la protesta por ser “la policía mejor paga del NOA”  y cerró el diálogo porque consideraron que era “un intento por imponer sus criterios a través de la extorsión”La falta de diálogo entre los policías y el gobierno demoró demasiado la solución y comenzaron a producirse saqueos en varias ciudades con un saldo de al menos ocho muertos. 

La Fiscalía de Estado solicitó el desalojo del edificio de la subjefatura y denunció a los uniformados por los delitos de sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la Fiscalía de Instrucción de  turno.

El propio gobernador de la provincia señaló que “lo que están haciendo es un atentado a la democracia” (José Alperovich, La Gaceta edición digital del martes 10 de diciembre de 2013); y que “se vivió una verdadera extorsión de la policía”.

Ese día el gobierno promulgó el decreto Nº 3.927/3 SH elevando el sueldo del agente a $8.000.-

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público ordenaron una investigación por los ilícitos de sedición u otros cometidos por personal policial y se solicitó a los ciudadanos acercar pruebas (grabaciones, filmaciones, fotografías) que involucren a personal policial en los hechos de los días 8, 9 y 10 de diciembre.

Las fiscalías de instrucción de la Quinta y Octava Nominación requirieron la prisión preventiva contra ocho policías imputados de sedición agravada y otros delitos perpetrados durante la protesta en la causa “TOLEDO MIGUEL ANGEL, HERRERA DIEGO ALBERTO, CHAILE ANGEL RENE Y OGAS SERGIO OMAR S/ SEDICION Y OTROS DELITOS” (PODER PÚBLICO, Sumario 2486 Folio 2), Expte. 58.183/13.

El 07 de enero de 2014 el Juzgado de Instrucción de feria dispuso la prisión preventiva de los policías implicados por presunta sedición agravada por ser agentes de la fuerza pública, ostentación de armas, privación ilegítima de la libertad agravada, coacción agravada por el uso de armas, impedimento del normal funcionamiento de transportes por tierra, todos en concurso real.

El requerimiento de prisión preventiva afirma: “Nos encontramos ante la comisión de un delito que afectó el poder público y el orden constitucional, atacando los imputados -y el grupo de personas que comandaban- un sistema republicano de gobierno que se vio avasallado y coartado en su decisión desde el momento en que se rubricó el acuerdo que pondría fin a uno de los sucesos más trágicos y tristes que le tocó vivir a la provincia de Tucumán en sus últimos años de historia”.

En otras provincias en las que ocurrieron hechos de similares características como Chaco, Misiones y Entre Ríos se decidió no cumplir los acuerdos salariales obtenidos bajo presión. 

El Gobierno de Tucumán expresa posiciones incoherentes en relación a la protesta policial: la califica de extorsiva, de atentado contra el orden constitucional y promueve denuncias por sedición y otros delitos, pero convalida expresamente la vigencia del decreto que es el fruto de aquellas acciones a las que califica como atentados o actos sediciosos.

No es posible dejar vigente este decreto viciado de nulidad, por la sencilla razón de que implica convalidar hechos delictivos provenientes de integrantes de la institución estatal que tiene entre sus cometidos evitar violaciones a la ley e investigar la comisión de delitos.

La Constitución de la provincia de Tucumán establece en su art. 7º: Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o de una reunión sediciosa, es nula y no tendrá efecto. Toda fuerza armada de la Provincia que por medio de algunas medidas de acción directa u omisión actuare en contra de las autoridades legalmente constituidas, no acatando sus órdenes, viola el orden constitucional”.

La sola invocación de esta norma de carácter fundamental ya es suficiente para declarar la nulidad del decreto Nº 3927/3 SH-2013, porque la propia Constitución ordena fulminar con la nulidad absoluta, privándola de efectos.

Como organización de la sociedad civil que tiene entre sus objetivos la democratización de las instituciones de seguridad, entendemos que el vacío de poder dejado por el órgano Ejecutivo debe ser llenado por medio de acciones concretas con finalidad ejemplarizadora.

Share