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El Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad es una fundación creada en 2008 para colaborar, desde la sociedad civil, en la profundización de la democracia con especial énfasis en la justicia y la seguridad pública.

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La fundación firmó un conenio de colaboración con la Universidad Nacional de Villa Mercedes. El mismo tiene como finalidad el patrocinio conjunto de conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros académicos o eventos sobre justicia, democracia y temas afines, que posibiliten espacios para la discusión y el intercambio de experiencias y de información incluyendo material bibliográfico, estudios, información estadística, bancos de datos y otros que resulten de mutuo interés y la ejecución conjunta de proyectos de cooperación de interés mutuo.  Ir al sitio de UnViMe

 

 

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El Director Ejecutivo Dr. Ramón Eduardo RUIZ PESCE afirmó que si el gobierno de Tucumán hubiera aceptado la propuesta que la Fundación hizo hace ocho años, hoy no estarían en la Corte Daniel Leiva ni Eleonora Rodríguez Campos, ni su tío “Pirincho” Jiménez sería Ministro Fiscal, ni Navarro Dávila, Ministro de la Defensa.

Fiel a su finalidad de trabajar para la consolidación del sistema democrático y el fortalecimiento de sus instituciones, el 4 de junio de 2012 la Fundación presentó en Mesa de Entradas del Poder Ejecutivo un proyecto de “procedimiento de participación ciudadana” en la designación de jueces de la Corte.

La iniciativa apuntaba a otorgar mayor transparencia, acierto y razonabilidad a decisiones de gran trascendencia institucional y social introduciendo reformas en el área de Gobierno y Justicia dominada por Edmundo “Pirincho” Jiménez, que registraba “un notable retraso en su calidad institucional en comparación con otros modelos de gestión”.

 

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La Fundación querelló a Daniel Leiva, juez de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

CEDJUS tiene por objeto la buena marcha de la administración de Justicia y la vigilancia  del Poder Judicial.

Desde hace doce años trabaja en la provincia de Tucumán en sus tres áreas, sin apoyo estatal, sin recibir subsidios del sector público ni aportes privados.

Su accionar es incuestionable y está guiada por una clara finalidad de bien público.

En Tucumán el Poder Judicial prodiga protección y encubrimiento a funcionarios públicos (legisladores, intendentes, fiscales, jueces).